Por Juan Lladó  

A partir de la instalación del nuevo gobierno en 1996 se comenzó a generar en la población el anhelo de un desarrollo turístico en Bahía de las Águilas. Las autoridades de entonces develaron un gran fraude en la propiedad de los terrenos y eso ha retardado el desarrollo. Durante el presente gobierno, sin embargo, se ha repetido el estribillo de que “ha llegado la hora del sur” para despertar expectativas al respecto que no se han cumplido. Por el contrario, la situación de la provincia de Pedernales ha empeorado y la hora del sur no acaba de llegar.

Recientes decisiones de la Suprema Corte ratificaron la sentencia del Tribunal Superior de Tierras que devuelve al Estado la propiedad de los terrenos. Este era un requisito exigido por los potenciales inversionistas para interesarse en desarrollar proyectos en la zona. Frente a estos fallos resulta poco probable que los 25 propietarios que incoaron un recurso de apelación ante la Suprema recurran al Tribunal Constitucional. Pero podrían hacerlo y eso retardaría el despegue todavía más.

El desarrollo turístico del suroeste, sin embargo, es materia de gran urgencia. Esa región –Bahoruco, Barahona, Independencia, Pedernales, Elias Pina, San Juan y Azua– es la más pobre del país. En algunas de esas provincias el desempleo es rampante, más de un 80% de la población vive en la pobreza y ahí se registran también las más altas tasas de mortalidad infantil. Por razones de equidad los gobiernos deberían priorizar las iniciativas desarrollistas en la región. Pero con poco más de un millón de habitantes la región no figura en el radar político y a los gobiernos les resulta fácil prometer el desarrollo turístico y no cumplir.

Durante su campaña del 2012 el presidente Medina prometió acometer la tarea. Cuatro meses después de su toma de posesión en el 2012 se presento en el Ministerio de Turismo el Plan de Ordenamiento Territorial Turistico para la provincia de Pedernales. Ese trabajo desterró la errada noción de que su principal potencial era el ecoturístico y estableció el turismo de naturaleza –el cual incluye las playas– como la meta. Pero esa planificación no fue seguida por ninguna acción concreta por parte del gobierno.

Fue en agosto del 2015 que, en una ampulosa ceremonia celebrada en el Palacio Nacional, el gobierno presentó el Plan mencionado y proclamó con bombos y platillos que “la hora del sur” había llegado. Se anunció la creación de sendos fideicomisos a cargo del Banco de Reservas y la tutela del esfuerzo esta supuesta a recaer en el Ministerio de la Presidencia, soslayando al Ministerio de Turismo. Pero el litigio sobre la propiedad de los terrenos parece haber impedido las inversiones, tanto las públicas como las privadas.

Mientras, “la hora del sur” sigue como el estribillo esperanzador. Se oyó estridente en la inauguración del proyecto Puntarena en Los Corbanitos de Bani (www.puntarena.com.do/) y en el lanzamiento del complejo Perla del Sur en Barahona (https://perladelsur.com/). Mas recientemente, el Ministro de Turismo anunció en la feria Top Resa que había proyectos de más de 9,000 habitaciones hoteleras listos para ser iniciados porque había llegado “la hora del sur”. Puesto que anuncios similares de ese Ministerio no se han cumplido y que, usualmente, del total de habitaciones aprobadas eventualmente se materializa solo un 10-15%, habrá que ver si esto se cumple.

Todas las evaluaciones técnicas sobre el potencial turístico del suroeste apuntan hacia Bahía de las Águilas como el principal recurso a ser explotado. Sería un turismo de sol y playa con los atractivos ecoturísticos regionales como complemento. Con 7.5 kms de longitud esa playa podría albergar 15 mil o más habitaciones hoteleras. Pero existen varios problemas que vencer antes de que el sonado potosí turístico pueda explotarse exitosamente.

Primero está la fragilidad de su ecosistema, considerado como el más frágil de la cuenca del Caribe. La comunidad ambientalista se opone tajantemente a un desarrollo hotelero en la misma playa, habiendo propuesto, hace más de una década y con auspicios de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la UASD, que el mismo se localice en Cabo Rojo. Aunque algunos admiten que el desarrollo podría ser en la misma playa de Bahía, el temor a que los controles ambientales no sean rigurosamente aplicados los lleva a proponer esa alternativa. La débil institucionalidad sería el escollo.

Cabo Rojo, sin embargo, no ejerce el hechizo embrujador de Bahía. Pocas han sido las ofertas de inversionistas para desarrollar Cabo Rojo, pero han existido muchas para Bahía. Esta última es mucho mejor playa, por su amplia franja de arena, su balneario de suave pendiente y su longitud. Además, cualquier desarrollo de Cabo Rojo tendría que pasar primero por la reubicación del muelle y de la (cerrada) fábrica de cemento de sus inmediaciones. Hasta tanto no se trasladen esos problemas a otro lado no podría visualizarse ahí ningún desarrollo hotelero. Y ese traslado costaría mucho dinero.

Conviene aclarar que Bahía no es parte del Parque Nacional Jaragua. La Ley No.204 de Áreas Protegidas la clasificó como una Área Nacional de Recreo, lo cual es la categoría de protección de menos restricción de uso y la que permitiría una urbanización de los terrenos con fines turísticos. El desafío de operar hoteles –ubicados en los farallones que quedan a unos 500 metros de la playa– ya es conquistable con las nuevas tecnologías existentes para el manejo de aguas residuales y desechos sólidos. El desove de las tortugas, por su lado, solo se produce en los dos últimos kilómetros del sur de la playa y puede manejarse cerrando ese tramo durante los 4 meses que dura. Pero habría que encontrar una formula para garantizar un riguroso monitoreo ambiental, el cual podría encargársele al Programa Ambiental de Naciones Unidas.

El gran problema sería dotar el lugar de las obras de infraestructura que requieren los inversionistas. Estas incluyen un aeropuerto, una planta de tratamiento de aguas residuales, un acueducto y las carreteras y el urbanismo necesario. La energía eléctrica sería el reto mayor porque la planta de Pedernales apenas genera para atender la demanda del pueblo de unos 13,000 habitantes y la conexión a la red nacional requeriría una larga línea de transmisión. Pero se podría producir energía eólica en Isla Beata, el mejor sitio del país para esos fines, y/o usar el procurrente de Barahona –de 400 millones de mts2– y para producir energía solar. Los inversionistas también podrían recurrir a sus propias plantas de generación.

La desidia gubernamental respecto al desarrollo turístico de Pedernales no se debe solo a los problemas legales. Es que se requiere de una inversión de capital cuantiosa para proveer los servicios básicos que atraerían a los inversionistas, tal y como sucedió en Puerto Plata. Pero siempre será posible acudir a la formula bienhechora de sociedades público-privadas que disminuyan el aporte estatal.  También un préstamo del BID podría resolver estos escollos. Mientras, seguiremos esperando “la hora del sur”.

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martes, 9 de octubre de 2018

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