El presidente Danilo Medina ordenó ayer el envío de contingentes militares y de policías a Pedernales, donde grupos de dominicanos emplazaron a haitianos radicados en ese municipio a abandonarlo hoy, en presagio de violencia generada por el asesinato de una pareja de esposos que se asegura fue perpetrado por dos hermanos haitianos.

Las autoridades no pueden permitir que particulares apliquen justicia por propias manos, como han pretendido quienes ayer recorrieron las principales vías de esa comunidad fronteriza para advertir desde un megáfono instalado en una furgoneta que los haitianos deberían abandonar la ciudad a más tardar hoy a las 10:00 de la mañana.

Las personas en Pedernales que incurren en amenazas o incitan a la violencia se hacen reos de la ley y como tales deben ser apresadas y sometidas a la justicia, sin importar el grado de indignación que ha causado la muerte de los esposos Julio Reyes Pérez y Neiva Féliz Urbáez, que se imputa a dos ciudadanos haitianos.

Se reconoce que la inmigración haitiana se ha desbordado en Pedernales y todas las provincias fronterizas y puede decirse que en casi todo el territorio nacional, pero ningún hecho delictuoso o criminal imputado a extranjeros puede ser motivo para generar violencia contra comunidades de inmigrantes ni contra nadie.

Cualquier escenario de violencia o enfrentamiento entre dominicanos y haitianos serviría de pretexto a gendarmes internacionales para promover severas condenas contra República Dominicana, que sin dudas sería acusada de promover o tolerar tipos de limpieza étnica.

El Ministerio Público y la Policía, con el concurso de propias autoridades haitianas, tienen el compromiso de apresar y someter a la justicia a los implicados en la muerte de la pareja de esposos dominicanos, como también esclarecer cualquier otro crimen sin importar si las víctimas o victimarios son nacionales o extranjeros.

La ley asigna a oficiales de Migración la facultad para repatriar o deportar a ciudadanos extranjeros indocumentados, cuyos derechos deben ser respetados conforme a un protocolo que las autoridades deben cumplir en cada caso, sin que ningún ciudadano se crea con calidad para ejercer por su cuenta esas atribuciones.

El Gobierno está compelido a ejercer control migratorio, que es lo mismo que cumplir con la ley, única forma de evitar que se repitan infortunios como el de Pedernales, porque el desorden solo genera más desorden, caos y anarquía.

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miércoles, 14 de marzo de 2018

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