POR: JUAN TOMÁS OLIVERO FIGUEREO
 
Francisco Ortega Canela, un técnico y juzgador competente. La peor suerte de un expediente mal formulado y peor sustentado penalmente para abrir un proceso acusatorio, es precisamente, caer en manos de un juez con la  aptitud procesal del juez señalado para la instrucción del caso más complejo llegado al seno de la Suprema Corte de Justicia. “Son Todos los que están y están todos los que son”, parece más el título de una novela  de un guionista malo, que el argumento fundamental del acto conclusivo con que la Procuraduría General de la República  cierra su investigación, poniéndola en manos del instructor o  juzgador.
 
Eduardo López Villegas, en su texto Derecho y Argumentación,  que en un caso  como el que subroga al juez Ortega Canela a hacer una correcta y apropiada aplicación de la norma procesal, dice en el título “las buenas razones como deberes” (pág. 50, 2.2): “El comportamiento bajo el sentido del deber  se reconocen en las acciones que responden a motivos universalmente aceptados como valiosos; estos obran con tal fuerza impositiva  que cuando se está  en frente de situaciones que invocan su aplicación la actuación en dicha dirección se impone como un deber”.  La disyuntiva creada a la Suprema Corte de Justicia precedida de una intención dolosa y maliciosa del Ejecutivo de la Nación y su Ministerio Público (PGR) fue desarticulada por una inusual y extraña inhibición preventiva de Miriam Germán  y la inesperada y sorpresiva decisión de asignar al actual Juez. Si la magistrada de la Suprema,  Miriam Germán,   es amiga de uno de los imputados; el Juez Ortega Canela, procede de las empresas de uno de los empresarios con más credibilidad, que ha estado tratando de enfriar las hornillas al presidente Medina. 
 
La integridad moral, la capacidad doctrinaria y procesal del juez Ortega, ha desanudado el plan de entrapar el caso  de Odebrecht, hecho éste que representa  la peor trama de   corrupción que pone de manifiesto   lo aberrante y degradante de la forma de moralidad de esta empresa para  establecer relaciones de negocios. Todos los incidentes originados en las debilidades de los expedientes acusatorios y promovidos en los relatos y cronologías a lo Lazarillo de Tormes y el vendedor de Bulas por la Procuraduría General, aprovechado, como es de derecho,  y presentado ante el juez por los defensores, fueron decididos con inteligencia, destreza y verdad procesal: receso y desglose y, no otro medio procesal que extinguiera la acción penal.  Ante un caso de la dimensión del actual, las inobservancias de las normas por parte del Ministerio Público, sólo tiene una explicación: que el caso se desplome  y la Suprema Corte de Justicia  cargue con la responsabilidad, en otras palabras, los jueces son los malos, hay que barrerlos ahora. 
 
La violación al artículo 19 del Código Procesal Penal Dominicano, hasta un estudiante de clínica jurídica o práctica jurídica, sabe  que es un Principio Rector Fundamental que garantiza el debido proceso y que la Procuraduría General de la República  hizo hasta aquello, menos respetarlo, cuando éste dice: Art. 19.- “Formulación precisa de cargos. Desde que se señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible, toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra”.
 
¿Por qué se abre el caso Odebrecht con el viejo Código Penal  y después se aprueban en el Congreso  Nacional el Código Penal y la nueva ley de Lavado de Activos?

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martes, 6 de junio de 2017

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