Barahona.- A juicio del Director Ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), el papel de los congresistas es conocer el impacto que sobre la salud pública implica la realización de más de 100 mil abortos clandestinos al año.

Víctor Manuel Terrero Encarnación, dijo que esa debe ser una preocupación de diputados y senadores, cuya práctica continuará, independientemente de si se prohíbe o no el aborto “con el agravante de realizarse en condiciones de inseguridad y por manos inexpertas”.

Consideró importante que los legisladores aprovechen esta oportunidad que tienen para valorar el derecho que tienen “nuestras” mujeres a la dignidad e integridad, a ejercer sus derechos reproductivos, que son derechos humanos, así como a la integridad y dignidad en circunstancias excepcionales.

“Solo a ustedes, distinguidos congresistas, les corresponde en esta coyuntura tomar una decisión inteligente, libre de prejuicios y de presiones dogmáticas”, observó el director ejecutivo de CONAVISHIDA.

El también exdiputado, consideró que existe consenso mundial de que la penalización del aborto expresa significativos niveles de inequidad que afecta a las mujeres, especialmente a las más pobres.

“Posiblemente aquellas que no han tenido acceso oportuno a servicios de salud reproductiva y planificación familiar; las que por su condición de hacinamiento han vivido expuestas a incesto, las que alimentan las estadísticas de violencia sexual o aportan el 10% de las muertes maternas que ocurren cada año en el país”, afirmó.

Avances

Admitió que se han logrado significativos avances con relación a la salud de la mujer con la incorporación en la agenda de trabajo de políticas públicas para que las mujeres asuman su rol y transformar positivamente sus vidas.

Señaló entre esos logros los planes intersectoriales para la reducción de la mortalidad materna, prevención del embarazo en adolescentes, prevención y atención al VIH/ SIDA y el abordaje de la violencia basada en género.

“La salud de la mujer ocupa un sitial importante en la Ley 1-12 que define nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Somos signatarios de decenas de acuerdos internacionales que establecen la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, dijo.

Sin embargo, aseguró que sería un retroceso que impactará negativamente en la imagen del país, que desconocería esos avances en caso que los diputados voten contrario a las observaciones al Código Penal en lo referente a las tres causales por las que se podría interrumpir un embarazo.

Compromiso

Terrero Encarnación, especialista en Obstetricia y Ginecología, quien cuando era diputado atendía su consulta privada en esta ciudad, afirmó que el compromiso del país es alcanzar el desarrollo sostenible establecido en los 17 Objetivos aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, el tercero de los cuales pretende lograr una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad.

Sin embargo, se queja porque el país forma parte de los 4 países que a nivel mundial tienen por delante el desafío de hacer frente a una situación que  indica  un  progreso  lento y desigual que afecta a las mujeres.

Afirmó que se debe a las disparidades de género, que exhibe como uno de sus mejores ejemplos “el indiscutible problema de salud pública que representa el aborto”, cuya penalización obliga a las mujeres a practicarlo en condiciones clandestinas e inseguras.

Aclaró que quienes están a favor para que en el marco de la revisión del Código Penal, llevada a cabo por la Cámara de Diputados, se apruebe el aborto en caso de violación o incesto, cuando la vida de la madre esté en o cuando el feto presente malformaciones que sean incompatibles con la vida no están a favor del aborto.

“Constituye una oportunidad para que como país demos una respuesta justa, sostenible y fundamentada en los Derechos Humanos, a este problema de salud pública en la República Dominicana”, afirmó el exdiputado.

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martes, 27 de junio de 2017