SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó recientemente una resolución que solicita la instalación de una unidad de persecución y prevención de la violencia de género de la fiscalía, con asiento en la ciudad  de Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona.

La resolución fue aprobada el pasado 29 de marzo del año en curso, y la misma fue presentada por los diputados Radhamés Camacho Cuevas, Rudy María Méndez, Eduardo Jorge Gómez, Héctor Darío Féliz Féliz y Manuel Miguel Florián Terrero.

Dicha iniciativa fue modificada mediante enmiendas propuestas por la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género, y por la diputada Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona, presidenta de dicha comisión.

En su primer considerando, la resolución  aprobada por la Cámara Baja dice que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas y todas.

En segundo considerando agrega que la Constitución de la República establece  de manera meridiana  que el régimen económico  se orienta hacia  la  búsqueda del desarrollo humano.

Señala que el mismo se fundamenta en el crecimiento  económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre  competencia  igualdad de oportunidades responsabilidad social, participación y solidaridad.

La pieza legislativa  precisa que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la  política del Estado contra  la criminalidad, el cual ha creado, la Unidad de Persecución  y Prevención  de la Violencia de Género.

Aclara que la República Dominicana es signataria de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar  y erradicar la violencia contra la mujer o “Convención de Belen Do Pará”, de la  Convención y Plataforma de Acción de Beijing y de otros  instrumentos internacionales  ratificados por el Congreso Nacional.

Agrega que estos convenios marcan las pautas  a seguir en el combate  frontal de cualquier tipo de violencia, contra  este segmento poblacional, los cuales tienen rango constitucional y forman parte del Bloque de  Constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico.

Los diputados señalan en su resolución que  la Constitución de la República condena  la violencia intrafamiliar y de género  en cualquiera de sus formas, garantizando la adopción de las medidas necesarias para  prevenir, sancionar  y erradicar la violencia  contra la mujer.

En otro de sus considerandos la iniciativa precisa  que el Estado está obligado a establecer un equilibrio  razonable de la intervención pública  en las distintas regiones geográficas del país ,así como las prácticas   administrativas  pertinentes y crear las condiciones jurídico institucionales  que aseguren  a la mujer la igualdad de derechos y el acceso a una justicia rápida , segura  y de calidad para el castigo y persecución de la violencia  contra esta, en cualesquiera de sus manifestaciones y en el lugar  que se perpetre  el acto ilícito.

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domingo, 7 de mayo de 2017

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