TOMADO DE LA LUPA DEL SUR

Barahona.- Familiares de Ricardo Joel de la Paz Suero (Joelito), de 31 años y de Adrián Natanael Féliz Pérez (Ñoñolo), de 22, dijeron que sus parientes fueron ejecutados por efectivos policiales el miércoles 26 del pasado mes de abril en la comunidad de Juancho, del municipio de Oviedo, de la provincia de Pedernales.

Adrián Buena Ventura Féliz Pérez, quien es tío de uno de los asesinos jóvenes y que, además, sirvió de vocero de ambas familias, dijo que los agentes policiales tenían ubicado a los malogrados a las 5 de la tarde en un comedor del municipio de Enriquillo.

Explicó que son los mismos policías que participaron de la ejecución quienes están ofreciendo las coordenadas y la forma en cómo los dos occisos fueron ejecutados de 10 a 11 de la noche, 5 horas después de tenerlo a su merced.

“Porque la intención no era detenerlo para que sean presentados ante un juez, sino matarlos como lo hicieron, ya que esa fue la crónica de una muerte anunciada”, dijo.

Féliz Pérez, quien estudiante de término de la carrera de derecho en la UASD Centro Barahona, dijo que lo grave del caso es que esa acción se llevó a cabo en presencia del garante de la sociedad que es el Ministerio Público.

Reclamaron una profunda investigación de este hecho, que aclaran no estaban de acuerdo con sus acciones, pero entendían que lo que procedía era detenerlo, judicializarlo y lograr una condena por los hechos que supuestamente habían cometido los asesinados.  

Denunció que las prendas de vestir que tenían los malogrados les fueron robadas por los agentes policiales y que la propios residentes de la comunidad más próximos al lugar de los hechos así se lo testimoniaron a la familia de los fallecidos que hacen una investigación de cómo ocurrieron los hechos.

En conversación con la redacción de la LUPADELSUR, Adrián Buenaventura Féliz Pérez, dijo que fue la propia policía y el Ministerio quienes convirtieron en unos monstruos a su sobrino y a Joelito, ya que durante dos años lo tuvieron bajo su guarda procesándolo, con pruebas para que purguen condena de entre 20 y 30 años y no lo hicieron.

Manifestó que la familia de los dos jóvenes se ha mantenido en silencio durante 17 días, después de lo que calificaron de “vil” asesinato, en violación al artículo 37 de la Constitución que prohíbe la pena de muerte, pero que los comentarios de los uniformados que participan provocan dolor, sufrimiento e impotencia en sus parientes por la forma en lo que hacen.

Dijo que hacen la denuncia de manera responsable y que esperan que no le sea colocada droga ni armas como intentaron hacer con el líder los peregrinos de Moca Juan Comprés.  
  

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lunes, 15 de mayo de 2017