Por Benny Rodríguez

Barahona.- El Estado es responsable cuando ocurren seísmos con la ocurrencia de colapso de edificaciones que provocan muertes de personas, porque es quien da los permisos y aprueba los planos para que se procedan a realizar las construcciones en determinados lugares.

La consideración es del geólogo Osiris de León, quien ofreció una conferencia en esta ciudad, sobre “Los Movimientos Telúricos en la República Dominicana”, invitado por la Asociación de Locutores de Barahona (ASOLOBA).

Señaló que en el país no hay cultura de reclamarle al Estado unos planos para una obra sabiendo que desde el punto de vista de la ingeniería sismo resistente el lugar es inadecuado para hacer o construir el proyecto de que se trate.

“En Medellín si la alcaldía autoriza el edificio, la escuela, la iglesia, el estadio o el supermercado y se derrumba por problemas de suelo la alcaldía lo paga, lo que obliga al ayuntamiento a asegurarse de que cumpla con todos los requisitos antes de autorizarla”, expuso.

Consideró que cuando en el país ocurra lo que sucede en la ciudad colombiana se acabaría con la velocidad de autorizar cualquier cosa, en cualquier lugar sin tomar en cuenta el tipo de terreno ni hacer los estudios pertinentes, “pero el día que tiemble la tierra se cae”.

Afirmó que el día que alguien decida llevar los casos a los tribunales quien lo haga porque resultó afectada tendrá ganancia de causa, ya que si el Estado autoriza, asume una responsabilidad.

“Es decir, si asumió responsabilidad, viene el sismo, tumbó la escuela, la iglesia, el hospital y tumbó un barrio entero de gente particular, porque le entregué los planos y usted me dijo que si, entonces usted responde”, afirmó.

Codia no cumple rol 

Según el reputado profesional de la geología, consideró que el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA), creado mediante la Ley 6160 para que, además, de sus funciones propias, sirva de asesor del Estado en materia de ingeniería.

Para que cumpla su misión le provee de fondos, ya que toda obra pública que se ejecute debe pagar el 1X1000 y las privadas el 2X1000 para que el Codia tenga fondos para supervisar las obras que se construye.

Sin embargo, Osiris de León, consideró que el Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores no cumple con ese rol con el que fue creado mediante la referida ley.

“El Banco Popular está formando a sus tasadores para que al momento de tasar una propiedad para un financiamiento considere si la vivienda es sismo resistente o no”, observó.

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lunes, 31 de octubre de 2016

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