Por Juan Tomás Olivero

Las ciencias del chivo expiatorismo o arte de culpar siempre al otro,  es tal vez, el mejor recurso de los que  pretenden lavarse  las manos frente a la lamentable y desafortunada crisis post electoral. Unos no la creyeron posible, otros la preludiaron y los verdaderos responsables,  para lo único que se organizaron fue para ella.  

Los líderes del 1% y el cero no se sabe qué por ciento, de no existir la crisis, estos pseudos  líderes;  estuviesen hoy con la cabeza cubierta de cenizas, escondiendo la cara en una bacinilla de porcelana y dándose golpes de pechos por sus incoherencias de unirse sólo para el caos, la turba que hace morir inocentes y la anarquía anti estado de derecho, y no, para la lucha inteligente digna de líderes políticos con causas y compromisos más allá de una candidatura.

Una ley General Electoral  obsoleta (275-97), inconsistente, antinómica e inconstitucional, sumada, por demás,  a un sistema en su máxima degradación,  degradación esta de entelequias llamadas partidos.

Todos y cada uno, sin excepción: fracturados y divididos en más de una parcela o grupos, es la maraña electoral  con que tuvo que lidiar la JCE,  para  mínimamente organizar unas elecciones en paz y civilizadas.

La ruptura de la institucionalidad interna en los partidos, ruptura de la llamada democracia interna, provocada más que todo por  las primarias  de encuestas.  Dieron lugar a los primeros muertos de este período electoral  y  que han seguido en esta crisis irresponsable post electoral,   como si la violencia fuera algo consustancial a todo  proceso eleccionario dominicano.

No  es un secreto que la guerra entre los que se aplican cualquier método sin importar su naturaleza ética para eliminarse entre sí   y a sus partidarios: en el PLD, PRD, PERSC, PRM y las otras cosas, lo que hicieron internamente fue  firmar entre  ellos, con el fin de concurrir juntos; un armisticio  de guerra electoral, que por la ausencia de liderazgo en los dirigentes de hoy,  rebrotó por generación espontánea  de forma violenta e incontrolable en cada colegio electoral.

El error grave de la JCE fue no aplicar a los que reclaman hoy el cumplimiento de la ley 275-97,  el imperio de esa misma ley,  cuando no cumplieron con los plazos de alianzas o mercado persa y de inscripción de candidaturas o botín personal. La JCE dejó que las luchas intestinas y los  negocios electorales se tragara el cronograma electoral con prorrogas y chances al margen de los límites establecidos y, como dice un aforismo: “cuando de la prorroga se hace una norma, la ley pierde razón de ser”.

El ex presidente Andrés  Pastrana (Colombia), la OEA y los organismos de observación electoral nacionales y extranjeros, reclaman y exigen,  todo lo que aquí muchos sabíamos. Que se carece de una legislación electoral actualizada y una ley de partidos que regule un derecho fundamental como es la democracia en la sociedad e interna en los partidos,  derecho, este,  peor protegido en los presentes  comicios.

La pregunta que creo debemos hacernos en esta crisis  política post electoral, es ¿dónde están los constitucionalistas dominicanos y los expertos en derecho comparado electoral?   ¿Dónde están los togados que defendieron la reforma constitucional y la reelección?

El Estado dominicano asumió un compromiso a través de la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, en este caso,  llamadas reformas asociadas al  primer eje, en su Artículo 29.6 que cito:   “La normativa democrática del sistema político, especialmente en lo relativo a los sistemas de partidos y electoral, se aprobará y consolidará en un plazo no mayor de tres (3) años”.

El plazo previsto por esta ley 1-12 del 25 de Enero de 2012,  tenía como finalidad haber alcanzado la meta para  estas elecciones de una normativa democrática del sistema político y electoral. Evitando así, una  crisis como la que nos acogota; pero, por  carecer de una cultura de continuidad del Estado estamos en ella.

El autor es profesor de la UASD

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lunes, 13 de junio de 2016